Se ha presentado recurso de reposición ante el Ministerio del Interior frente a la resolución que denegó la solicitud de protección internacional de un ciudadano hondureño residente en la provincia de Huesca. El recurso se basa en una errónea valoración de la prueba y una incorrecta interpretación de los requisitos legales, al no reconocer la existencia de una persecución real, grave y personalizada por parte de grupos criminales (maras).

El solicitante expone que huyó de Honduras tras el asesinato de su padre y su tío, a manos de un grupo armado que actuó de forma selectiva contra su núcleo familiar. Además, detalla que fue objeto de amenazas posteriores, incluso tras su llegada a España, y que en su país interpuso denuncia ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), sin obtener protección efectiva.

El recurso argumenta que los hechos no pueden calificarse como mera inseguridad generalizada, sino que constituyen actos de persecución contra una persona perteneciente a un grupo social determinado: familias que se niegan a colaborar con las maras. Cita jurisprudencia del Tribunal Supremo y directrices del ACNUR que avalan esta interpretación.

Asimismo, se destaca la falta de protección real por parte del Estado hondureño, y se solicita, con carácter principal, el reconocimiento del estatuto de refugiado y, de forma subsidiaria, la concesión de protección subsidiaria, conforme a la Ley 12/2009.

El recurso incluye también una petición de suspensión de la ejecución de la resolución impugnada, al considerar que el retorno forzoso a Honduras supondría un grave e irreparable riesgo para la vida e integridad del solicitante y su familia.